A la luz de las acciones sin sustento jurídico que ha decidido emprender la Secretaría de la Función Pública en el caso de la devolución de los intereses cobrados indebidamente, por haber sido establecidos de manera ilegal por autoridad no competente para ello, a la empresa Unefón, no queda duda del trasfondo político que mueve su actuar y las presiones sobre el titular de la SFP.

Dichos intereses ilegalmente cobrados a Unefón derivan del otorgamiento, también indebido, de dos prórrogas fuera de bases de licitación, en la subasta del espectro radioeléctrico en los años de 1998 y 1999, según determinó la sentencia definitiva de 20 de abril de 2006.

Las prórrogas indebidas según lo determinó la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) dado a conocer en marzo de 2008, fueron otorgadas en aquellos años por el hoy Secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien también forma parte del cuarto de guerra del aspirante oficial a la candidatura presidencial del PAN.

En su proceder para intentar sancionar y desacreditar públicamente a quien estas líneas escribe y que a la vez ayuda en la Coordinación de las aspiraciones de Santiago Creel por la misma candidatura presidencial, la licenciada Fabiola Juárez Pérez, directora general adjunta de Responsabilidades de SFP, no ha reparado en realizar todo tipo de intentos por reabrir el expediente auditado y cerrado desde 2009 por su jefe, el Lic. Alfonso Víctor Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dejando un rastro de anomalías documentadas.

Estas actuaciones incluyen anomalías tan simples de demostrar, como el intentar reabrir por parte de una subordinada un caso auditado y cerrado por su superior inmediato jerárquico desde el 26 de noviembre de 2009, quien a la letra concluyó después de ponderar todos los elementos del caso de la devolución de los intereses ilegalmente cobrados a Unefón en 1998 y 1999, incluidos los argumentados en la última intentona de citatorio hecha pública por edicto el pasado 2 de noviembre, los siguientes acuerdos:

 

"Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción XVIII en relación al 54, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se ordena la conclusión del expediente en que se actúa, por falta de elementos probatorios que permitan acreditar las presuntas irregularidades atribuidas a los C.C. Jorge Alvarez Hoth, María de la Luz Ruiz Mariscal, Alberto Nicolás Castillo Adame, Marco Antonio Ortiz Dehesa, Leonel López Celaya y Genaro Antonio Jiménez Montufar, en el desempeño de sus funciones..."

 

"Segundo.- No ha lugar a remitir el expediente a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades, con base en lo expuesto en los Considerandos precedentes del presente acuerdo."

 

"Tercero.- Archívese como concluido el presente asunto en esta Dirección General Adjunta, y realícense las anotaciones conducentes en los registros respectivos, para su baja definitiva".

Y para muestra de su actuar, la Lic. Fabiola Juárez Pérez al fallar en su intento de notificación y citatorio indebidos tan sólo el pasado 4 y 5 de octubre, hace apenas un mes, y de que el mismo se le devolvió por parte de un abogado conocedor de la materia que ella ejerce, notificándole oficialmente que se cuenta con copia del acuerdo exoneratorio de su jefe de fecha 26 de noviembre de 2009, obtenido de la propia SFP a través de su portal de transparencia y que, por lo tanto, cuenta con toda la validez legal del caso, ahora la actora intenta reabrir una vez más, vía notificación por edictos, pero con "nuevos datos relacionados con la presunta responsabilidad de usted, como servidor público denunciado", pero ya reconociendo como válida la devolución de los intereses ilegalmente cobrados en 1998 y 1999.

Las acusaciones reacomodadas versan sobre una falsa omisión de parte del que escribe, de notificar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que se daba inicio al trámite de cumplimiento de la sentencia del 20 de abril de 2006, aduciendo que en ello se le impidió ejercer sus facultades para intentar volver a cobrar lo cobrado indebidamente (sic), pero ahora como crédito fiscal. Un sofisma en toda la extensión de la palabra.

En la segunda parte de este artículo presentaré las evidencias documentadas de que, como parte del trámite de cumplimiento de la sentencia del 20 de abril de 2006 y no por obligación específica, si se notificó al Titular del SAT, al Subsecretario de Ingresos y la Tesorera de la Federación en esos años, desde el mismo instante en que se firmó la resolución de fecha 1 de agosto de 2006, del inicio del trámite de cumplimiento y de cómo fueron precisamente esas tres instancias de la SHCP quienes instruyeron cómo debía realizarse la devolución del cobro de lo indebido a la empresa Unefón, a través del oficio 102-K, de fecha 7 de septiembre de 2006, señalando que "no tiene naturaleza fiscal".

 

El autor es presidente del Grupo Alcance. Experto en medios y telecomunicaciones.

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