(Segunda Parte)
 
En la primera parte de esta entrega, publicada hace dos semanas, hice un recuento pormenorizado de los hechos documentados que llevaron en su momento a la devolución de los intereses cobrados indebidamente, por haber sido establecidos de manera ilegal por autoridad no competente para ello, a la empresa Unefón. Devolución que por cierto sucedió el 6 de diciembre de 2006, empezada esta Administración, y no el 29 de noviembre, fin de la anterior, como se ha pretendido hacer ver.

No obstante las evidencias documentadas de que dicha devolución fue tramitada en acatamiento a una sentencia definitiva de 20 de abril de 2006 emitida por la Primera Sala Regional Metropolitana del TFJFA y de que en la misma participaron diversas áreas tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como de la Secretaría de Hacienda, hoy se pretende reabrir por parte de la Lic. Fabiola Juárez Pérez un expediente cerrado con acuerdo de su actual jefe desde el 26 de noviembre de 2009.

En este intento por reabrir el expediente y ante la realidad de que ya no es posible argumentar que la devolución fue improcedente, ahora la actora aduce "nuevos datos relacionados con la presunta responsabilidad de usted, como servidor público denunciado".

Estos nuevos datos no son otra cosa que una interpretación a modo con la que se aduce que no se notificó "expresamente" (sic) al SAT de que se iniciaba el trámite de devolución en cumplimiento a la sentencia del 20 de abril de 2006 del TFJFA y que con ello se le impidió cobrar un crédito fiscal, es decir, cobrar de nuevo lo cobrado indebidamente en 1998 y 1999, lo que constituye, como he señalado, un sofisma en toda la extensión de la palabra.

El hecho es que como parte del trámite de cumplimiento de la sentencia del 20 de abril de 2006 y no por obligación específica, ya que no se encuentra dentro del ámbito de responsabilidad del Subsecretario de Comunicaciones la materia fiscal, sí se notificó al titular del SAT, al subsecretario de Ingresos y la Tesorera de la Federación en esos años, desde el mismo instante en que se firmó la resolución de fecha 1 de agosto de 2006, del inicio del trámite de cumplimiento.

Por si esto fuera poco, a la Directora General Adjunta de Responsabilidades, Lic. Fabiola Juárez, por alguna "razón extraña" no le incluyeron en su expediente administrativo quienes se lo integraron en SCT, al que ya tuvimos acceso y del que ya tenemos copia certificada en nuestro poder, tres oficios clave expedidos el día 3 de agosto de 2006, dos días después de la resolución del 1 de agosto del mismo año, con los que el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT en ese momento, Genaro Jiménez Montufar, comunica expresa y formalmente al Titular del SAT, a la Tesorera de la Federación y al Subsecretario de Ingresos lo siguiente:


"Hago referencia al comunicado 2.68/06, de fecha 1 de agosto de 2006, dirigido a Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV, actualmente operadora Unefón, SA de CV, por parte de la Subsecretaría de Comunicaciones, mismo que es en cumplimiento a la sentencia de fecha 6 de abril de 2004 y resolución del 20 de abril de 2006, emitidas por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa".

"Al respecto, en términos de lo señalado en el punto III del escrito antes referido anexo al presente, copia del comunicado de fecha 1 de agosto de 2006, emitido por el Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de las resoluciones antes señaladas, para los efectos legales a que haya lugar".

Estos tres oficios de la Unidad de Asuntos Jurídicos números 1.2.203.- 09896, 09897 y 09898 dirigidos a las tres instancias señaladas y en particular el número 1.2.203.- 09898 dirigido al entonces titular del SAT, Dr. José María Zubiría Maqueo, demuestra sin lugar a dudas que a diferencia de lo que sostiene la Sefupu en el citatorio por edicto del pasado 2 de noviembre, sí hubo notificación expresa al SAT de que se daba cumplimiento de las sentencias de 2004 y 2006, así como de su contenido.

Los anteriores oficios "extrañamente" excluidos del expediente de Sefupu no dejan duda de que los "nuevos datos relacionados con la presunta responsabilidad de usted" a que hace referencia en su citatorio por edictos la Lic. Fabiola Juárez Pérez ni son nuevos, ni presentan presuntas responsabilidades y que el SAT no solo fue informado, para todos los efectos legales procedentes, del trámite de la devolución en cumplimiento a una sentencia de última instancia desde el mismo día en que dicho cumplimiento se inició, sino que fue precisamente la Administradora General de Grandes Contribuyentes, quien conjuntamente con el Subsecretario de Ingresos y la Tesorera de la Federación, determinaron como debía tramitarse la devolución y establecieron que los intereses indebidamente cobrados "no tienen naturaleza fiscal".

 

El autor es presidente del Grupo Alcance. Experto en medios y telecomunicaciones.

Correo: jorge@jalvarezh.com

 

Twitter: jorge_alvarez_h